Problemas como el suscitado recientemente en Honduras, nos hacen pensar aún con mayor preocupación respecto de la necesidad de crear mecanismos mucho más sólidos y eficientes para consolidar la institucionalidad republicana de los países, la cultura política y las tradiciones democráticas de nuestras sociedades.

El Presidente Manuel Zelaya había propuesto la realización de un plebiscito para posibilitar la ruptura del límite constitucional del período de gobierno, es decir, para permanecer por mayor tiempo en el poder, a través de la realización de una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución hondureña. Esta propuesta, naturalmente, por romper el orden constitucional, fue rechazada tanto por el Congreso hondureño, como por el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Procuradoría General, la Fiscalía General, la FFAA, y otras instituciones del país. Sin embargo, el presidente Zelaya mantuvo en pie su resolución de llevar adelante el plebiscito, incluso amenazando al Presidente del Congreso con destituirlo a través de un decreto.

Ayer domingo 28 de junio, después de un enfrentamiento de aproximadamente 30 minutos con la guardia presidencial, un grupo de militares arrestaron a Zelaya, en lo que aparentemente sería un golpe de Estado.

Esto pone en evidencia la debilidad de las instituciones en nuestros países, puesto que si bien el Presidente hondureño se empecinó en cometer un acto ilegal, violando la Constitución de su país, deberían ser mecanismos y procesos constitucionales los que permitieran evitarlo. Ningún gobernante debería tener el poder o la autoridad suficiente para gobernar como le plazca y llevar adelante cualquier tipo de medidas por encima del orden legal republicano, pero esos límites al poder tendrían que ser el fruto de la aplicación de las mismas leyes, y no debería ser necesario que, para establecerlos, se tenga que llevar adelante acciones que son igualmente violatorias del orden constitucional.

El Presidente Zelaya, al violar su Constitución, ha deslegitimado el mandato que los ciudadanos hondureños le encomendaron y, en ese caso, es él quien habría llevado adelante un golpe de Estado contra el orden legal. Pero al haber sido alejado de la Presidencia a través de una acción militar, alejada de los mecanismos legales del país, tampoco se está haciendo mucho por restituir el orden constitucional, puesto que se trata de un golpe de Estado contra un representante elegido en democracia.

Manifestamos nuestro deseo de pronta restitución del orden constitucional en la República de Honduras, y alertamos sobre la urgencia de generar mecanismos para que quienes asumen el poder a través de ese orden constitucional, no lo utilicen para romperlo cuando y como les plazca, y si lo intentaran, que sean procedimientos y vías legales las que los retiren del mandato.

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La señora Olga Flores, familiar de una víctima de los gobiernos dictatoriales, fue detenida por protestar con una pancarta en las puertas del ministerio público. Su protesta, evidentemente pacífica, exigía la apertura de los archivos de las dictaduras, que posiblemente revelarían el aciago destino que habrían sufrido los muertos y desaparecidos de la dictadura, y denunciaba que el Fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, era un paramilitar dedicado a trabajos de inteligencia y hasta torturas, para el gobierno de facto de García Mesa. La señora fue detenida sin ningún tipo de acusación en su contra, violando su derecho a la libre expresión y la protesta, y demostrando el nulo compromiso de este gobierno, supuestamente de izquierdas, con el esclarecimiento de los crímenes del pasado. Sacha Llorenti, otrora supuesto defensor de los derechos humanos, hoy alarife de un régimen totalitario: bien gracias.

Tal y como lo habíamos adelantado en el boletín anterior, y de la boca de Álvaro García Linera, el gobierno ha restado importancia y seriedad al juicio interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra Evo Morales, por un grupo de organizaciones defensoras de los DDHH. Por supuesto que la acusación es seria, pero era predecible que el gobierno del MAS, de la misma forma en que ignora cualquier demanda o fallo en el poder Judicial boliviano, también ignorara procesos judiciales en su contra llevados adelante ante organismos internacionales. También dijimos que es una buena iniciativa, pero que por muy buena que pueda ser, no debe dar lugar a que descuidemos las cosas importantes que se encuentran a la vuelta de la esquina, como conformar una oposición sólida para las elecciones venideras.

Y finalmente, también en el boletín anterior, hablamos del terrible perjuicio que significa para Bolivia y sus esperanzas de erradicar la pobreza, el hecho de que el masismo se empeñe en estar contra el libre comercio, la libre iniciativa, el libre mercado, y los acuerdos comerciales con países financieramente solventes. En una noticia de Los Tiempos, del 24 de junio pasado, se confirma que “La suspensión a Bolivia de los beneficios arancelarios otorgados por Estados Unidos mediante la ATPDEA ocasionó la pérdida de 1.400 empleos en la principal empresa exportadora boliviana a ese mercado, América Textil (Ametex)”, entre otras empresas más pequeñas también afectadas, y que daban empleos principalmente a los ciudadanos de El Alto.

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No podemos hacer más que festejar el anuncio de la CNE del inicio del empadronamiento biométrico en 76 días, es decir, el 1 de agosto. Las recomendaciones en este sentido son varias: Primera. Los ciudadanos deben hacer todo lo posible por abandonar la costumbre de procastinar, que consiste en dejar las cosas para el último momento. Una excelente manera de ayudar a la CNE a cumplir con sus plazos, es que la gente acuda al empadronamiento con anticipación, para que no suceda que los últimos días veamos decenas o cientos de personas haciendo colas para empadronarse. Segundo. Los partidos y agrupaciones políticas y civiles, deben designar a sus delegados técnicos para coadyuvar en que el proceso se realice de la mejor manera posible. Y Tercera. Los partidos y agrupaciones políticas y civiles, deben iniciar la planificación y conversaciones con personas, para asegurarse de que en cada mesa electoral haya delegados que se aseguren de que no se presenten irregularidades los días de votaciones.

El Presidente ha declarado que considera a Alan García, Presidente de la República del Perú, el peor de los presidentes junto a George Bush. Y nos preguntamos ¿Evo Morales se cree que es un gran Presidente? Gracias a las políticas económicas de García en el Perú, esa República tendrá, en el año de la crisis, el crecimiento económico más alto de Sudamérica, mientras que Bolivia, capitaneada por el magnífico Morales, ha perdido grandes mercados y oportunidades de crecimiento y desarrollo, y por lo tanto, exporta menos, no genera empleos y no combate contra la pobreza. En todo caso, si García es un Presidente malo y Morales un Presidente bueno, ¡que Dios nos mande un Presidente malo, por favor!

Y ya sabemos para qué es que Mahmud Ahmadineyad expulsó a los periodistas internacionales de Irán: Para poder reprimir a su población sin que el resto del mundo se entere, y mucho menos pueda ver las imágenes. Estamos hablando de un régimen represor que acalla con puño de hierro a manifestantes pacíficos que cuestionan los resultados de sus elecciones. Aquí vale, nuevamente, el principio de que el Estado que no respeta la vida, las libertades y derechos de sus ciudadanos, no merece el respeto de la comunidad internacional.

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Lo del feriado nacional por el año nuevo aymará no estaría mal, si no pretendiera imponer la celebración de la festividad de una cultura particular sobre un país plural. En todo caso, si lo que se quiere es reconocer y respetar las diferentes creencias de los individuos que componen la sociedad boliviana, el camino correcto hubiera sido crear una ley que instruya a las diferentes instituciones dar feriado a las personas, de acuerdo a la cultura en que cada una de ellas se adscriba. De otra forma, cada nación reconocida en la Constitución del MAS solicitará que sus festividades sean declaradas feriado nacional, y los bolivianos tendremos decenas de días libres por feriados que no necesariamente festejamos.

El año 2008, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) detectó 30,500 hectáreas de hoja de coca en Bolivia, un 6% más que el año anterior, de acuerdo al sexto informe anual de Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca en Bolivia. Este incremento desmesurado de la constitucionalmente sagrada hoja está, inexorablemente, ligado al incremento en la producción de cocaína. Los ciudadanos podremos horrorizarnos y quejarnos del hecho, pero al menos debemos admitir que va en consonancia con nuestra situación política. Es decir, con un Presidente cocalero, lo más lógico era que sucediera lo que está pasando.

Mientras tanto, en Cochabamba, son los ciudadanos quienes tienen que reemplazar al Estado. Charingo es una de las siete comunidades afectadas con la contaminación que provocan las fábricas de droga de Pantipata, y los comunarios han decidido vigilar las 24 horas las rutas hacia el narcotráfico, para inspeccionar los vehículos que pudieran transportar los precursores que viabilizan el negocio ilícito. Esta no es una gran iniciativa de participación y control social ni mucho menos, se trata de una absoluta ausencia de institucionalidad estatal que pueda cumplir con sus funciones elementales de hacer cumplir la ley, y se trata, aún peor, de ciudadanos que podrían estar arriesgando sus vidas con sus acciones, puesto que el narcotráfico nunca ha sido exactamente amistoso con las personas o instituciones que no le permiten “trabajar”.

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En los últimos días se ha abordado muy intensamente el debate en torno a los efectos de que Bolivia haya dejado de ser una república. Más allá de las pistas que nos brinda la etimología de la palabra (cosa pública), o de los antecedentes de su utilización para designar modelos antiguos de Estado (La República de Platón, o la República romana), lo verdaderamente importante es su significado como “Estado Republicano Moderno”

Al hacer un análisis de las características de un Estado Republicano Moderno (ERM), podremos tener mayor certeza de las características que Bolivia puede perder, al haberse convertido en un Estado Plurinacional Comunitario.

El ERM basa sus principios de vida, o de orden social, en los valores supremos de la libertad, la igualdad ante la ley y la justicia. La libertad como la imposibilidad, sanción mediante, de que un individuo o un grupo de individuos intervengan de manera coactiva en la voluntad de uno o más individuos. La igualdad ante la ley, como la garantía de que esta libertad debe ser la misma para todos los ciudadanos, y que el Estado tratará de no generar, bajo ninguna circunstancia, políticas o normas que favorezcan a unos u otros, ya sea por razones de género, color, etc. no creando ni privilegios, ni derechos, ni libertades especiales. Y la justicia como la obligatoriedad que tiene el Estado de ser ecuánime a la hora de restringir el abuso de la libertad de los individuos, aplicando la ley sin ningún tipo de preferencias ni desequilibrios.

Dos instrumentos fundamentales para conseguir el cumplimiento de estos principios son: el Estado de derecho y el sistema democrático.

El Estado de derecho es la garantía, brindada principalmente por una Constitución limitadora del poder del Estado y por sus leyes complementarias, de que los individuos son gobernados por leyes y no por hombres. Aquí no se debe entender que los gobiernos dejan de ser integrados por personas, sino que éstas enmarcan sus acciones de gobierno en las leyes de la república, de tal forma, que existen menos posibilidades de que se comporten arbitrariamente, y de que gobiernen en base a sus caprichos personales.

La democracia de una república, por otro lado, debe ser un sistema de gobierno preparado contra todo tipo de dictadora, incluso la de la mayoría o la del “pueblo”, en el que ni la vigencia de la libertad, ni de la igualdad ante la ley, ni de la justicia, para todos, puede ser sometida a votación, ni mucho menos suspendida por la mayoría. Para ello, la democracia republicana debe contar con el artilugio de la división de poderes, que evita la posibilidad de que una persona o un grupo de personas tengan demasiado poder, y el voto secreto universal y directo, que permite a cada individuo elegir de acuerdo al dictado de su propia consciencia.

Gracias a la libertad, el ejercicio democrático se enriquece con el pluralismo político y la libre expresión, fundamentales para su funcionamiento.

Esto es lo que Bolivia pierde al dejar de ser Estado Republicano Moderno, y al convertirse en Estado plurinacional Comunitario.

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La Red Confianza, con el fin de contribuir con el proceso de consolidación de la democracia boliviana, lleva adelante un Sondeo de percepción de personalidades políticas que podrían candidatear a cargos electivos en diciembre del 2009 y abril del 2010. Le recordamos que quedan solamente seis días más para participar. Si aún no lo hizo, haga clic en el siguiente enlace: http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=38d21ef3-6bb8-4946-8b00-931d503db776

Además, usted puede enviar el enlace a las personas cuya opinión crea de interés.

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A pesar de que el Canciller, David Choquehuanca, intenta minimizar los frentes de conflicto de Bolivia en el ámbito internacional, la realidad es más que evidente. Que el Canciller de la República del Perú declare al Presidente Morales “enemigo del Perú”, no es para nada un problema mínimo, puesto que no se trata de un país alejado con el que no tenemos relaciones significativas, sino de un país vecino con el que tenemos afinidades geográficas y culturales anteriores a la era republicana, una balanza comercial positiva, y una historia de alianzas diplomáticas y militares que, de alguna forma, nos acercaban más que con otros países. El Presidente Evo Morales está echando por tierra todo esto, con el afán de promover en el Perú un proceso similar al que lo puso en el poder a él. Y es que si entre Bolivia y Perú hay tantas similitudes, lo más lógico es pensar que ciertos procesos, como el de octubre del 2003, también podrían reproducirse de manera similar.

Pero ya no es sólo en el Perú en donde se refieren a Morales como un Presidente que interviene arbitrariamente en los asuntos de otros países. A raíz de sus últimas declaraciones en Paraguay, diciendo que para él “el mejor parlamento es el pueblo”, justo en un momento en que el Congreso paraguayo es mayoritariamente opositor a su amigo Fernando Lugo, y que a éste no le faltan ganas de deshacerse del poder Legislativo de la misma forma en que lo hace Morales con sus famosos cercos, ya varios políticos y legisladores paraguayos lo han acusado de interferir en los asuntos internos de Paraguay. Y es que no se debe dejar de considerar que Morales, por la imagen que se le ha fabricado de Presidente “buen salvaje/buen revolucionario”, tiene influencia sobre todo tipo de grupos desestabilizadores y revoltosos.

En todo caso, el Presidente debería recordar que el respeto se lo gana, y que él no se representa solamente a si mismo y ni siquiera sólo a sus simpatizantes, sino a todos los bolivianos junto con sus intereses políticos y económicos. Esa debería ser razón suficiente como para que deje de intentar debilitar al Legislativo paraguayo, o al Ejecutivo peruano.

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La CNE ha vuelto a postergar el anuncio de la empresa que se hará cargo de proveer los servicios y tecnología para la implementación del padrón biométrico. Su Presidente, Antonio Costas, ha afirmado que este retraso no modifica el calendario electoral, pero además ha comunicado la conformación de un Comité de Asesoramiento, compuesto por profesionales bolivianos, y que sería presidido por el Dr. Iván Guzmán de Rojas, ex-Presidente de la CNE, destacado matemático investigador, reconocido a nivel mundial por su aplicación de la lógica trivalente aymará para el diseño de un traductor multilingüe llamado ATAMIRI, y considerado un genio. La presencia del Dr. Guzmán de Rojas en dicho comité sería, no sólo de una gran ayuda para la CNE, sino además un refuerzo en la garantía de que los ciudadanos podemos confiar en la transparencia y neutralidad del trabajo de la Corte.  Por supuesto, sigue siendo fundamental que los partidos y agrupaciones políticas cumplan sus obligaciones, y designen a sus delegados técnicos para la implementación del nuevo padrón.

YPFB continúa sumida en la ineficiencia y la corrupción. Recientemente los Ejecutivos de nuestra empresa petrolera “descubrieron” que cuando compraron Transredes (hoy YPFB transporte) por 241 millones de dólares (el precio en la capitalización fue de 263), en realidad estaban pagando 50 millones más, puesto que a esa cifra asciende la deuda impositiva de ésta empresa. Entonces, para recuperar las acciones de una empresa, por las que hace doce años nos pagaron 263 millones, hoy hemos pagado 291 millones. Por supuesto que los ejecutivos de YPFB, y su Presidente Carlos Villegas, esperarán que nos traguemos el cuento de que no estaban enterados, y de que no sabían que hasta en los bancos, antes de otorgar un préstamo por una casa, revisan si tiene impuestos al día, su situación en catastro, si el cliente está en la central de riesgos, etc. Imaginamos que la solución va a ser muy sencilla: la empresa ahora es del Estado, y le debe 50 millones al Estado, entonces el Estado se perdona a sí mismo la deuda. Pero el asunto de fondo es que alguien, o álguienes, tuvo que haber recibido una no tan pequeña comisión por el aún menos pequeño “perdonazo” concedido a los anteriores dueños de la empresa.

Finalmente, terminada su Convención Nacional en Santa Cruz, el MNR anunció que, de volver al poder, cambiaría la Constitución Política por el bien del país. El discurso del partido político que llevó adelante las mayores y más revolucionarias medidas en Bolivia, ha cambiado diametralmente desde el año 2004 hasta ahora. En aquella época parecía embargarles un sentimiento de culpa por los hechos de octubre del 2003, hoy el jefe nacional del MNR, Guillermo Bedregal, declara que “cuando el movimientismo perdió el poder en 2003, cuando el entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue obligado a dimitir por una violenta revuelta popular, ‘se hizo un gran daño al país, y ahora tenemos que repararlo, tenemos el deber de hacerlo’” (Los Tiempos 14 junio), lo que nos hace pensar que aparentemente están recuperando su aplomo y seguridad. ¿Será que la luz al final del túnel podría ser rosada?

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